"Esto no se hace porque uno quiera, se hace por necesidad", es lo que dice Jairo Serna quien jamás pensó que su vida tomaría otro rumbo. Desplazado por la violencia que llegó hasta la ciudad de Santa Marta, emprende un viaje junto a su esposa y sus cuatro hijos. Al llegar a Ibagué, quiso buscar ayuda y acudió al Gobierno para poder salir adelante junto a su familia, pero no encontró respuesta alguna.
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Hace 15 años, Jairo llegó a Ibagué buscando oportunidad laboral y ayuda del Gobierno. Al ver que su petición fue ignorada y que la situación de su familia no era la mejor, decidió ubicar un negocio de venta de películas, cadenas y accesorios de celular en la calle quince con carrera tercera, zona conocida por algunas personas por la ubicación de comercio de sandalias y cacharrería en general. “Esto se hace no porque uno lo quiera, se hace por necesidad”, asegura Jairo. Por medio de este negocio sostiene a su familia y a sus cuatro hijos, siendo el hijo mayor estudiante de Derecho, y quien le sigue estudiante de Negocios Internacionales. Además, el otro hermano estudia Comunicación Social y Periodismo y la última Administración de Empresas.
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A pesar de las circunstancias poco favorables para él y su familia, Jairo se ha esforzado en sacarlos adelante para que ellos no tengan que recurrir al trabajo informal, pues asegura que los ingresos escasamente alcanzan a suplir las necesidades del hogar. Según él, las grandes cadenas de almacenes tienen mayor acogida por parte de los compradores. Jairo dice que “nos ven con mala cara porque de pronto piensan que en el sector hay ladrones, malévolos y asesinos”.
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Centenares de personas frecuentan los locales amplios para realizar sus compras porque consideran que el trabajo informal no es una actividad legal y esto ha generado que para Jairo y otros vendedores se les desvaloricen su labor. En ocasiones, la policía y algunos miembros que representan la entidad de espacio público de Ibagué han llegado al lugar con el acompañamiento de algunos propietarios y vendedores de los locales comerciales, quienes manifiestan que algunos trabajadores informales interrumpen con sus ventas, porque evitan el flujo de personas que pueden comprar.
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Con respecto a lo anterior, Jorge decidió hacer parte de un sindicato que está conformado aproximadamente de 150 a 200 personas de la economía informal, quienes luchan por obtener la confianza legítima, ya que son muchos los años que se han desempeñado como vendedores en dicho lugar. Ángelo valle, abogado y especialista en temas como el trabajo informal y espacio público, afirma que “para obtener esta confianza legítima se necesitan de ciertos requisitos: antigüedad en el sector y que este no tenga mucho flujo vehicular o peatonal”.
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Por su parte, la dirección de Espacio Público de la Alcaldía de Ibagué ha optado por reubicar a los vendedores ambulantes brindándoles locales ubicados en el parque Andrés López de Galarza: “Es cierto que ellos tienen derecho al trabajo, pero nosotros nos basamos en el artículo 82 de la Constitución Política que hace referencia al deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, asegura una funcionaria de esta entidad. Carlos Buitrago, vendedor del sector la catorce con tercera, cuenta que en el 2006 los reubicaron en unos locales en el parque Andrés López de Galarza: “El Gobierno nos aseguró que iban a peatonalizar la tercera y nos brindarían un capital semilla, pero como todo en Colombia queda inconcluso, el proyecto se convirtió en un elefante blanco”, asegura Carlos.
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La mayoría de las personas que realizan trabajo informal son personas con un nivel de escolaridad bastante bajo, no superan la educación secundaria y tienen menores probabilidades de empleo en el sector formal. “Cuando la economía del país mejora la informalidad disminuye”, afirma Carlos, y en la mayoría de los casos no es vista como una opción laboral real, sino como una alternativa frente al desempleo. Así que, básicamente, la informalidad existe por la incapacidad de generar suficientes empleos en el país.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realizada por el DANE y publicada el 11 de agosto del presente año, en el trimestre abril - junio de 2016, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 47,5%. Para el mismo periodo de 2015 se ubicó en 48,6%. Este es el resultado más bajo desde 2007 para el segundo trimestre de cada año. Jorge todavía desempeña su labor de vendedor y sigue siendo miembro del sindicato, porque considera que su trabajo no le hace mal a nadie. Èl piensa que el espacio público es para todos y es un espacio para compartir.
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